Por: Raquel Figueruelo
La percepción que tenemos de los avances tecnológicos ha ido variando en los últimos años: de una situación en la que estos desarrollos se recibían como una mejora en nuestra vida digital, actualmente provocan un estado de alerta ante el tratamiento de nuestros datos y en consecuencia de nuestra intimidad.
Desde que surgieran las revelaciones del caso de Edward Snowden en 2013, los cambios han sido evidentes tanto el panorama de aceptación de cualquier nuevo entorno digital como en la supervisión de los sistemas actuales de almacenamiento de datos personales.
Snowden hizo públicos documentos considerados de alto secreto sobre acciones realizadas por organismos de los Estados Unidos como la NSA (Agencia de Seguridad Nacional). Estos documentos revelaron la existencia de programas de vigilancia masiva a los ciudadanos.
Esto alertó no sólo a la sociedad en general sino también a las instituciones de gobierno de la Unión Europea, que a partir de ese momento han mirado con recelo el uso que las empresas estadounidenses realizan de los datos que recogen de sus usuarios en territorio europeo.
La cancelación de Safe Harbour
El caso más significativo es el relativo al acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea conocido como Safe Harbour. Este acuerdo brindaba una normativa única para el almacenamiento y la privacidad de los datos en ambos continentes, sin necesidad de cumplir con las regulaciones específicas de cada país.
El hecho de que este acuerdo tuviera lugar en 1998 no había supuesto hasta el momento ningún impedimento para seguir poniéndolo en práctica. Sin embargo, tras las revelaciones de Snowden y el juicio ganado por Max Schrems contra Facebook, el tratado quedó anulado en el pasado mes de octubre de 2015 y se ha requerido a las empresas adecuarse a las exigencias y requerimientos de privacidad que la tecnología imperante hoy en día precisa.
El impacto de estas nuevas exigencias ha vuelto muy complejas las conversaciones entre ambos lados del Atlántico. Las grandes compañías de internet como Google, Amazon y Facebook dependen en gran medida de los datos de sus usuarios para generar ingresos y desarrollar sus servicios. Sin embargo no son solo las tecnológicas las afectadas: las grandes corporaciones también dependían de Safe Harbour para transferir información de clientes y empleados entre Europa y EE.UU. La preocupación, por tanto, ha sido además el trastorno que podía generarse en el ámbito de la economía digital.
La presión europea sobre Facebook y Google
Las dos tecnológicas protagonizan actualmente diversos conflictos con los organismos de protección de datos europeos.
Por un lado, Google ha tenido que ceder parte de sus estrategias sobre el derecho al olvido, que se restringían a las búsquedas en subdominios europeos y lo extenderá asimismo a las búsquedas realizadas en el dominio google.com.
Google reconoce asimismo que ha tenido que aumentar el porcentaje de aceptación de estos casos que, actualmente ya llega al 42% de todos los solicitados (386.038 desde su entrada en vigor).
En el caso de Facebook, el regulador francés para la protección de datos ha amenazado con multar a la compañía si no mejora su estrategia de tratamiento de la información. Aunque la cuantía económica de la multa no es significativa, es un golpe para la compañía, que tiene problemas para cumplir con las nuevas exigencias y que se ampara en su localización en Irlanda para justificarse.
Lo más significativo en la evolución de los hechos es la firme postura europea para la creación de un nuevo marco para proteger los datos de sus ciudadanos.